Una de estas circunstancias es que los trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero. En este sentido, desde la Agencia Tributaria especifican que si la entidad destinataria de los trabajos está vinculada con la entidad empleadora del trabajador o con el que preste sus servicios, la declaración deberá hacerse en función de lo que indica la ley del Impuesto de Sociedades. Esto se considera así porque el servicio produciría una ventaja o una utilidad a la entidad destinataria.

Por otro lado, la normativa indica que hay que tener en cuenta que en el territorio en el que se realicen los trabajos debe aplicarse un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la del IRPF y no se trate de un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Este requisito se considerará cumplido cuando el país en el que se realicen los trabajos tenga un convenio con España para evitar la doble imposición internacional.

Límites

La normativa establece que el límite máximo para no declarar los rendimientos del trabajo en el extranjero será de 60.100 euros anuales

No obstante, dicha exención es incompatible con el régimen de excesos que están excluidos de tributación por retribuciones percibidas por empleados de empresas y funcionarios destinados en el extranjero.

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Aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan un año de antigüedad en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no podrán tomar como referencia el beneficio obtenido durante otros años a fin de calcular su base de cotización. En este sentido, estos autónomos pagarán una cuota de entre 230 y 260 euros. Siendo las más bajas de los 15 tramos del nuevo sistema de cotización.

Cabe recordar que el nuevo sistema de cotización ha entrado en vigor el 1 de enero de 2023. Según este, los trabajadores autónomos deberán calcular los rendimientos netos de su actividad y en función de eso escoger la base de cotización que mejor se adecúe a sus ingresos anuales.

El nuevo sistema también fija una cuota de 80 euros al mes durante el primer año, independientemente de que los rendimientos del profesional estén por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Así, si el segundo año los rendimientos están por debajo del SMI, se mantendrá esta cuota, mientras que si los rendimientos suben, no tendrá derecho a la tarifa plana.

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El fraccionamiento de la deuda depende de lo estipulado por ley. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria es el que recoge los términos, plazos y excepciones en materia de aplazamiento y fraccionamiento del pago.

El aplazamiento o fraccionamiento de la deuda se hará previa solicitud del obligado tributario siempre y cuando su situación financiera le impida, de forma temporal, afrontar el pago en los plazos establecidos.

A la hora de realizar el trámite, el profesional debe tener en cuenta que aplazar no es lo mismo que fraccionar el pago. El aplazamiento hace referencia a cuando se solicita a la Administración pagar a posteriori debido a la falta de liquidez. En este sentido, se pide a la Administración abonar las deudas en una fecha posterior a la que corresponde.

Cuando se trata de fraccionar el pago del IVA eso significa que el profesional puede pagar cuotas mensuales para hacer frente a la deuda

Si se produce un incumplimiento del plazo fraccionado, se tendrá que abonar un recargo del 20% a la Administración, aunque si ese recargo se pagara durante el periodo voluntario, el incremento solo sería del 10%. En caso de no hacer frente a la deuda, se procedería al embargo de las cuentas bancarias.

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