También admite la impugnación una norma nacional y un conflicto de competencias promovidos por la Generalitat.
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite tres recursos más del Gobierno contra leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña. Tramitación que conlleva, en todos los casos, la suspensión -solicitada por el Ejecutivo- de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161.2 de la Constitución.
Así, el Tribunal estudiará varios preceptos de la Ley catalana 14/2015, del impuesto sobre viviendas vacías; también algunos artículos de la Ley 17/2015, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres; y, finalmente, el artículo 19.6 de la Ley 16/2015 de simplificación de la actividad administrativa de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica.
La admisión a trámite se produce en un momento en el que los recursos ante el TC han tensado las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat. Tanto por el elevado número de normas autonómicas que el Consejo de Ministros ha llevado ante el Tribunal como por la solicitud, en todas ellas, de su efecto suspensivo. De hecho, esta fue una de las cuestiones que planteó el presidente catalán, Carles Puigdemont, a Mariano Rajoy en su reunión del pasado 20 de abril.
En todos los casos, el TC da 15 días al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat para personarse en el proceso y presentar alegaciones.
En todo caso, el Tribunal también anuncio ayer que tramitará dos procedimientos promovidos por la Generalitat. Se trata del recurso contra varios preceptos de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, y un conflicto positivo de competencias contra la asignación de determinadas funciones a órganos estatales por parte del Real Decreto 1007/2015, que regula la adquisición de créditos del carbono.
Además de todo ello, el Constitucional comunicó la admisión de otros dos recursos del Ejecutivo central contra normas autonómicas que conllevan la suspensión de las mismas. Uno contra varios artículos de la Ley del País Vasco 6/2015, que regula la fractura hidráulica -o fracking-; y otro contra la reforma de las Leyes 1/2015 y 10/2014, de Castilla-La Mancha, sobre la jornada laboral y la jubilación de los funcionarios públicos.
